Policía a sueldo de las empresas mineras en Perú

En Perú, el gobierno de Pedro Castillo deberá resolver qué hacer con la legislación que ampara los convenios de seguridad que empresas privadas acuerdan con la Policía Nacional del Perú (PNP), y qué hacer con los propios convenios que están vigentes.

Estos convenios son una grave anomalía para un estado de derecho porque lo que hacen es comercializar los servicios policiales, poniéndolos al servicio no del interés general, sino de intereses particulares demasiado a menudo enfrentados a las demandas de las comunidades en defensa de su territorio.

Un reciente reportaje de investigación de las redes de periodistas Convoca y CONNECTAS ha puesto de manifiesto los últimos datos disponibles sobre el alcance de los convenios que la Policía Nacional ha firmado con distintas empresas extractivas que se dedican a la explotación de los recursos minerales y energéticos.

Los principales datos de febrero de 2003 a mayo de 2021 resaltan que en este período se firmaron 181 convenios y adendas por un valor de 18,5 millones de dólares, y que al menos 20 convenios se firmaron con 13 empresas involucradas en conflictos ambientales por sus actividades extractivas.

Los diferentes gobiernos peruanos, al menos hasta ahora, han hecho una fuerte apuesta por el extractivismo, dando todo tipo de facilidades a las grandes empresas transnacionales para extraer los recursos naturales, minerales y energéticos de Perú, uno de los mayores productores de cobre, oro y plata del mundo. Han dado facilidades tributarias, normativas y ambientales para propiciar un crecimiento de la inversión extractiva. Las concesiones mineras abarcan 18,137 millones de hectáreas, que son el 14,8% de todo el territorio de Perú. Actividad extractiva impulsada también por la creciente demanda mundial de metales preciosos necesarios para la fabricación de dispositivos electrónicos, la multiplicación de centros de datos o la industria del automóvil. Alemania, por ejemplo, es la primera importadora de minerales de Perú y su industria del automóvil la principal consumidora. El auge del coche eléctrico también agrava los problemas por la gran cantidad de materias primas que requieren vehículos y baterías.

Este afán extractivo es la principal fuente de conflictos sociales y ambientales en Perú. La Defensoría del Pueblo contabiliza 170 conflictos sociales, conflictividad que se mantiene desde los últimos 20 años. De estos, un 70% son conflictos socioambientales, vinculados en un 65% a la actividad minera, un 15% a hidrocarburos y un 6% a energía, entre otros. Unos son conflictos con el objetivo de que las empresas mineras tengan una actitud de respeto por los derechos de las comunidades locales y poder negociar los impactos ambientales y las aportaciones a la economía local; y otros son conflictos de resistencia a megaproyectos por su impacto en las dinámicas locales, los daños a las actividades agrícolas, la ganadería, o el turismo, o el propio acceso al agua. Conflictos en los que se reclama el derecho de las comunidades a ser consultadas y a que se respete su visión de futuro.

Pero empresas y Estado están vulnerando numerosos derechos: a recibir, buscar y difundir información, a la vida, a un medio ambiente saludable, a la salud, a la libertad de tráfico, a la protesta, a disfrutar y disponer plenamente de los recursos naturales, a la seguridad e integridad personal y ha provocado contaminación, deterioro de los recursos naturales, degradación de los recursos productivos, desplazamiento interno, muertes a consecuencia de tortura o uso excesivo de la fuerza, abusos sexuales y violaciones de mujeres. La respuesta a estos conflictos, según los registros de la Defensoría del Pueblo, ha causado entre 2006 y 2020, 289 muertos y 5.098 heridos, la mayoría civiles.

Los convenios de la Policía con las empresas extractivas forman parte de la política de los diferentes gobiernos peruanos para facilitar la explotación de los recursos por empresas extranjeras a pesar de la oposición, muy a menudo, de las comunidades locales. Forman parte de la estrategia que el estado peruano ha llevado a cabo para neutralizar y aplacar la protesta social. Estrategia que ha comportado la criminalización de la protesta social, promulgando leyes que sancionan y sobrepenalizan todo lo relacionado con el conflicto social.

El sistema judicial también toma parte activa en esa estrategia. Se judicializa con procesos interminables a quienes ostentan liderazgos sociales para desgastar el movimiento. Los procesos se trasladan a jurisdicciones muy distantes para hacer muy costosos los desplazamientos de las personas encausadas que son obligadas a asistir personalmente a los juzgados. El acoso judicial de líderes y lideresas sociales contrasta vivamente con la resistencia de jueces y fiscales a establecer responsabilidades penales por las muertes y daños a civiles en contextos de protesta socioambiental, para procesar a policías, mandos policiales y responsables políticos de las operaciones de control interno. Se hace un uso continuado de la declaración de estado de emergencia en zonas de conflictos permitiendo la intervención de las fuerzas armadas, se militariza el conflicto social con la intervención militar y policial confrontando al manifestante como “delincuente” o “enemigo”.

Es en este contexto de criminalización de la protesta social que las empresas extractivas, mineras, petroleras y gasísticas han estado firmando convenios de servicios extraordinarios con la Policía Nacional de Perú. Como ejemplo se pueden señalar algunas de las principales empresas que han firmado convenios y los conflictos que protagonizan.