Exportación de armas

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Las escopetas nacionales

España vende armas a países que le hacen incumplir la ley sobre exportación de armas y las actas de las reuniones de la JIMDDU (Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso), en las que se toma la decisión de autorizar, son secretas por una ley de la época franquista, la Ley de Secretos Oficiales de 1968.

El reciente informe de exportación de armas español para 2021 reafirma la apuesta del Gobierno por no solo mantener sino también impulsar el sector armamentista. Mantener un nivel de exportaciones superior a 3 mil millones de euros en 2021 (3.290,2M) no es tarea fácil en un exigente mercado internacional, en el que incluso otros países europeos y EEUU son competencia. España vende sobre todo lo que produce con sus empresas de armas públicas o semipúblicas. Exporta principalmente aviones militares y buques de guerra producidos por Airbus y Navantia, sistemas de comunicaciones y navegación militares y elementos de guerra electrónica producidos por Indra. Pero España es también un gran exportador de armamento tradicional (bombas, munición, morteros, tanques…) a través de Santa Bárbara (de General Dynamics), Expal (en Maxam), Sapa o Instalaza. Muchos de los contratos que estas y otras empresas de armas españolas consiguen son facilitados por una activa acción gubernamental. No hay más que mirar la lista de empresarios que acompañan al Presidente, ministros correspondientes o incluso al Monarca, para comprobar cómo se consiguen contratos que pueden alcanzar varios miles de millones de euros. Es el caso de las 5 corbetas de Navantia vendidas a Arabia Saudí en 2018, de las que se ha producido la primera entrega este año. Sin lugar a dudas las estadísticas de exportación de armas de los años venideros serán más abultadas al añadir los mencionados buques de guerra, cuyo precio unitario supera los 300 millones.

Volviendo a las ventas de 2021, vemos que, si bien el 73,4% van destinadas a Países de la UE y OTAN, hay un porcentaje nada despreciable de armas Marca España que van destinadas a países que generan serias dudas. La principal controversia la aportan, desde que empezó la guerra en Yemen, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, que lideran la coalición que bombardea Yemen con numerosas violaciones de derechos humanos y la muy probable comisión de crímenes de guerra, en manos del Tribunal Penal Internacional. Pero hay más. España le ha vendido armas a regímenes con una penosa trayectoria democráctica, como la Filipinas de Duterte, el Egipto de Abdelfatah El-Sisi, la Turquía de Recep Tayyip Erdoğan, e incluso al Sultán de Omán, por poner solo algunos ejemplos de una larga lista de destinos más que dudosos.

Conviene recordar que la legislación nacional, europea y hasta un tratado internacional (el Tratado de Comercio de Armas que entró en vigor en 2014) prohíben a España la venta de armas a países en conflicto, en los que se vulneren los derechos humanos, entre otras limitaciones cuyo objetivo es evitar que se transfieran armas a países que puedan contribuir a generar mayor inseguridad a su población o en la región en que se encuentran. España vende cada año armamento a países autoritarios, gobernados por consolidados o potenciales sátrapas y, lo que es peor, nuestros mandatarios se vanaglorian de ello.

Las razones a las que apunta la Ministra de Defensa en su defensa de las exportaciones de armas se basan en dos insostenibles argumentos. El primero es que el Gobierno vende armas a países de dudosa reputación, lo sabe, pero les hace firmar un documento de tres páginas llamado Certificado de Uso Final, en el que se explicita el armamento exportado que sospechan que podría ser utilizado para lo que la ley no permite, en el que además se ha añadido un recuadro en un apartado llamado cláusula de verificación, que de ser marcado, indica que el gobierno importador debe facilitar una visita a las instalaciones en las que se encuentre el armamento para revisar que está siendo utilizado correctamente. Cuesta pensar en un mecanismo con mayor contundencia.

El segundo argumento de la señora Robles es que la producción de armas en España da empleo. Faltaba más. La cuestión es a costa de qué. La primera reflexión es de carácter ético, en la que se sitúa a los puestos de trabajo por encima de cualquier otra consideración moral, por la que se pueden vender armas a países que las usan contra la población civil, como Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos en Yemen, siempre que esto genere empleo. Por esta regla de tres, pongámonos a vender armas a Bashar Al Assad, a Kim Yong Un o al mismísimo Vladímir Putin. Si pagan bien y dan trabajo, solo tienen que firmar el documento de tres páginas y marcar la cláusula de verificación. Pero esta segunda argumentación esconde además una falacia que por muchas veces repetida pretende convertirse en verdad. La inversión en armas genera empleo. Este sería el caso de la compra de armas por el propio Ministerio de Defensa español. Es el caso de las fragatas del futuro de Ferrol, donde Navantia fabricará 5 nuevas F-110 para la Armada española que se estima que generará, según la fuente, entre 7000 y 9000 empleos, cuyo coste para las arcas públicas será de 4.320 millones de euros durante 9 años. No hay ningún estudio que demuestre que este empleo sea efectivamente el anunciado, sea superior en número y en calidad a otros y, sobre todo, sea más necesario que la inversión en servicios públicos con carencias de personal. De hecho, existen evidencias en dirección contraria. Hay al menos un estudio de una universidad estadounidense (Brown University) que indica que el coste de generar este empleo es superior al de contratar personal sanitario o de educación.

Hecha la ley, hecha la trampa, España vende armas a países que le hacen incumplir la ley sobre exportación de armas y las actas de las reuniones de la JIMDDU (Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso), en las que se toma la decisión de autorizar exportaciones de armas, son secretas por una ley de la época franquista, la Ley de Secretos Oficiales de 1968. Imaginemos una reunión de los expertos de Economía, Comercio, Exteriores, Industria y Defensa que son quienes componen la JIMDDU con el dossier de venta de armas pequeñas y ligeras y municiones a Arabia Saudí. Criterio dos ¿es un país en el que se vulneran los derechos humanos? Seguro que no, allí se jugó la final de la Supercopa. Criterio tres, ¿está Arabia Saudí en conflicto armado? No, no me suena. Criterio cuatro, ¿la región en la que se encuentra está tranquila, alguna tensión o riesgo para la seguridad regional? Oriente Medio, un remanso de paz.

Pensándolo bien, el procedimiento de autorización y verificación que ha ideado el gobierno para controlar sus exportaciones de armas da para una película de Berlanga.


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