Exportación de armas

Decenas de organizaciones y colectivos denuncian en la Junta de Accionistas de Indra sus vínculos con el negocio de las armas y la militarización de fronteras

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Decenas de organizaciones y colectivos denuncian en la Junta General de Accionistas de Indra sus vínculos con el negocio de las armas y la militarización de fronteras

De manera conjunta y con la colaboración de más de una veintena de colectivos y entidades, en una acción impulsada por la Fundación Finanzas Éticas, el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, Alternativa Antimilitarista MOC, participantes de la WRI-IRG (Internacional de Resistentes a las Guerras), Ecologistas en Acción y Desarma Madrid, activistas por la paz y el desarme han intervenido hoy en la junta de accionistas de Indra, en una acción de Accionariado Crítico. Como parte de la campaña estatal #DesarmandoIndra los colectivos y entidades pacifistas, ecologistas, por el desarme y la desmilitarización, y la defensa de los derechos de las personas migrantes y desplazadas por la fuerza de todo el Estado español, han denunciado que la empresa Indra se enriquece de la producción de armamento y la militarización de fronteras.

La denuncia se ha llevado a cabo en la Junta General de Accionistas de Indra que ha tenido lugar hoy en su sede en Alcobendas (Madrid) y ha consistido en la intervención de una activista de la campaña que ha trasladado a accionistas, directivos y medios de comunicación, la denuncia de los vínculos de la empresa con el negocio de la guerra y de la militarización de fronteras. Al mismo tiempo, una decena de activistas de la campaña han llevado a cabo una acción noviolenta en frente de la sede de la empresa armamentista y de seguridad en el centro de Madrid, en la calle Miguel Yuste.

Indra, empresa con participación accionarial pública de un 28% por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, tuvo unos ingresos de 3.390 millones de euros a cierre del ejercicio 2021, un beneficio récord, que representa un 8,7% más que en 2020. La activista de la campaña y miembro de Alternativa Antimilitarista MOC y WRI, Koldobi Velasco, ha apuntado en su intervención en la Junta de Accionistas que parte de estos beneficios procede de la participación de la empresa en el negocio de las armas que alimenta y necesita de las guerras, y también de la militarización de fronteras, un negocio del que Indra es una de las empresas más destacadas en España y a nivel europeo.

Un ejemplo de las implicaciones de Indra en el negocio de la guerra es su rol en la producción de armamento que se ha vendido a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, países que lideran la colación en la guerra contra Yemen. Y es que, en 2019, en plena crisis humanitaria en Yemen, la empresa española suministró un simulador para pilotos del avión de reabastecimiento en vuelo A330 MRTT, exportado a Arabia Saudí por Francia. Este tipo de aviones permite hacer las operaciones mucho menos costosas y arriesgadas porque los aparatos se quedan en zona de combate y no deben volver a la base. Además, Indra también ha fabricado sistemas y componentes para aviones de transporte de tropas y material militar fabricados en España y exportados a Arabia Saudí, como el Alertador de radar RWR (Radar Warning Receiver) ALR-300V2B para los aviones C-295 y CN-235 o los sistemas “de guerra electrónica” para las Corbetas Avante 2200 fabricadas por Navantia para Arabia Saudí en 2019, que, tal como denunciaron múltiples organizaciones de defensa de los derechos humanos, con alta probabilidad serán usadas para el bloqueo naval en Yemen.

Una de las consecuencias de los conflictos armados que alimentan las armas son los desplazamientos forzados. Indra, además de beneficiarse del negocio de las armas, se beneficia de la militarización de fronteras, que como han señalado hoy las activistas de la campaña, es “un fenómeno que impacta en la vida, cuerpos y derechos de las personas desplazadas por la fuerza, que entre otras, huyen de las violencias que generan las guerras”. Indra dedica alrededor del 27% de su producción a desarrollar electrónica militar, simuladores de vuelo y sistemas de tiro y de defensa electrónica que, entre otras cosas, se utilizan para la militarización de fronteras. De hecho, se encuentra entre las diez multinacionales que se embolsan el 65% del dinero que España destina a frenar la migración. “Pero mientras las personas desplazadas por la fuerza no paran de aumentar, la tecnología y los beneficios de Indra crecen a través de la gestión fronteriza del Estado español en los sensores en las vallas de Ceuta y Melilla, en la reparación de equipos de patrulleros y buques de la Guardia Civil y de la Armada y en la vigilancia marítima, en concreto en el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) que gestiona la Guardia Civil”, ha recalcado Koldobi Velasco en su intervención.

A parte de los impactos directos de los armamentos en cuya fabricación participa Indra, en la población de los países en situación de conflicto armado, la campaña #DesarmandoIndra también ha querido poner el foco en los impactos que la producción de estos armamentos en el medioambiente. “Tampoco debemos olvidar que la industria militar tiene importantes impactos medioambientales indirectos, desde la extracción de materias primas para la fabricación de las armas, la contaminación por las actividades industriales de las cadenas de suministro y el montaje final de los nuevos equipamientos militares” o la degradación del medioambiente derivada de los efectos de la guerra en los países que las sufren.

Las activistas de la campaña también han querido señalar que, tal como afirma la Fundación Porcausa, por los órganos de dirección de la empresa han pasado al menos 26 casos de puertas giratorias. Y que además de ser una de las mayores beneficiarias de grandes contratos para la militarización de fronteras, Indra tiene un puesto destacado también entre las empresas que más fondos reciben a través del Fondo Europeo de Defensa de la UE.

Finalmente, la campaña ha recordado que a pesar de todo lo denunciado, “en febrero de 2022, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (propiedad del Estado español) anunció la compra de un 10% más de las acciones de Indra, lo que eleva la participación del Estado en la empresa a un 28%. En un contexto como el que presenta el estallido de una guerra como la de Ucrania y otras tantas guerras irrosoltas en el mundo, que la doctrina de la coerción, el militarismo y la guerra no sólo no está evitando, sino que contribuye a agravar, parece atinado afirmar que necesitamos invertir recursos para la construcción de la protección y el cuidado de la vida y tecnologías que garanticen estos principios y la protección de los Derechos Humanos. Sin embargo, en 2020 INDRA destinó en torno a un 17% de su producción a tecnología que tiene un uso y fines militares, lo que ha supuesto más de 500 millones de beneficio para la empresa”.


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Decenas de organizaciones y colectivos denuncian en la Junta General de Accionistas de Indra sus vínculos con el negocio de las armas y la militarización de fronteras

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