Informe 62 del Centre Delàs: "¿Quién vigila al vigilante? Violencia en las fronteras e impunidad en Frontex'"

La Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) creada en 2004 por la Unión Europea para perseguir el crimen transfronterizo, presenta un largo historial de polémicas a lo largo de sus 20 años de existencia. En un contexto donde los desplazamientos forzados mundiales no dejan de aumentar por millones al año, cabe preguntarse si este organismo creado por la Unión Europea resulta ser el más adecuado para garantizar la protección de las personas que huyen por la fuerza. Independientemente de que algunas de estas personas tengan o no derecho a pedir asilo, como son aquellas que escapan de pobreza, la degradación climática u otras causas no reconocidas en la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951.

En este informe continuamos con el trabajo que empezamos en 2019 con la publicación del informe “Custodiar la fortaleza” en que analizamos la evolución de una Agencia que no para de aumentar en recursos, funciones y efectivos.

■ La suma del presupuesto de los años que van de 2019 hasta 2022, ha sido de más de 2.000 millones de euros, lo que representa un 55,15% del total del presupuesto de Frontex desde que que tiene presupuesto. Es decir, de los 17 años analizados, los últimos cuatro, de 2019 a 2022 se ha gastado la mitad de todo su presupuesto aprobado, mientras que, en los 13 años anteriores, de 2005 a 2018, se ha gastado el 45% restante.
■ Las funciones y presupuesto de Frontex en 2019 se han ampliado con el objetivo de homogeneizar y reforzar el sistema de retorno de la UE. El presupuesto para estas operaciones ha pasado de 80 mil euros en 2005 a más de 69 millones en 2020. Se está legalizando e institucionalizando un sistema acelerado e integral de retorno que algunos expertos han denominado “la Orbanización del derecho de asilo de la UE”.
■ Destaca, en cambio, el bajo presupuesto para la Oficina de Derechos Fundamentales (FRO en inglés), que empezó a operar en 2019. En 2018 el presupuesto para su implementación representa sólo el 0,17% del total destinado a las actividades operacionales de Frontex, el 0,21% en 2019 y 0,31% en 2020, con un millón de euros de presupuesto.
■ La propia Oficina de Derechos Fundamentales reconoce serias limitaciones a la hora de ejercer su mandato; encuentra dificultades en el acceso a todas las áreas y actividades desempeñadas por Frontex; afirma disponer de acceso insuficiente a documentos operacionales; así como la imposibilidad de entrevistarse con las personas migrantes y con el personal de Frontex situado en determinadas áreas operacionales sin la presencia de autoridades nacionales.
■ Respecto a la actividad operacional del Estado español, este mantiene en activo las mismas operaciones Indalo, Hera y Minerva. Destaca el crecimiento de Indalo que pasa de 69 oficiales de Frontex desplegados a 257 en 2021 y con un aumento de su presupuesto de 2017 a 2018 de un 118,5%. A partir del 1 de junio de 2019 se incorporan por primera vez medios navales y aéreas de las Fuerzas Armadas españolas, consolidando la militarización de la cuestión migratoria.
■ El caso de la acogida a personas que huían de Ucrania ha sido ejemplar y excepcional. Las medidas tomadas por la Comisión Europea con carácter de urgencia fueron; reactivación de la “Directiva sobre protección temporal” que incluyó un reparto más equitativo entre los países europeos para la acogida y una “plataforma de solidaridad” coordinada por la Comisión Europea. La operación es un ejemplo de que se puede garantizar la acogida, la dignidad y los derechos humanos.
■ Las misiones llevadas a cabo por Frontex ejercen expulsiones colectivas prohibidas por el artículo 4 del Protocolo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La expulsión colectiva sólo es posible si previamente se ha realizado un examen individual de cada solicitud de asilo.
■ Las vulneraciones de derechos en la frontera sur española han sido constantes, con puntos álgidos como la tragedia del Tarajal en 2014 y el hacinamiento de unas 2.600 personas en el muelle de Arguineguín en 2020; devoluciones en caliente masivas del 17 al 19 de mayo de 2021 en Ceuta, o la más reciente muerte de al menos 37 personas en la frontera de Melilla el 24 de junio de 2022.
■ En 2020 se multiplicaron los casos en los que se impedía a personas migrantes viajar a la península, contraviniendo hasta seis sentencias del Tribunal Supremo que dicta que la policía no tiene autoridad para impedir estos viajes si se dispone de la documentación adecuada.