El ICIP alerta de los riesgos para la paz internacional que puede tener la postura del Gobierno sobre el Sáhara Occidental

La decisión de la diplomacia española de considerar la iniciativa marroquí de 2007 sobre la autonomía en el Sáhara Occidental «como la base más seria, realista y creíble para la resolución del problema» contradice la doctrina de Naciones Unidas y el derecho internacional, que reconoce la soberanía del pueblo saharaui y su derecho a la libre determinación.

Este gesto resulta especialmente preocupante en el contexto actual de la invasión rusa de Ucrania y puede tener consecuencias para la paz porque debilita los mecanismos internacionales de gestión de conflictos.

“El derecho internacional es la principal garantía para prevenir conflictos armados. El derecho internacional protege a Ucrania de la invasión rusa y protege también al pueblo saharaui de ser anexionado”, afirma el director del ICP, Kristian Herbolzheimer.

El Sáhara Occidental es el último territorio de todo el continente africano pendiente de descolonización. En 1991 las Naciones Unidas crearon la Misión para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO). Desde 1997 un enviado especial de la ONU actúa para desatascar las diferencias entre Marruecos y el Frente Polisario. El pasado mes de octubre, el secretario general de la ONU António Guterres dio esta responsabilidad al diplomático italo-sueco Staffan de Mistura, con el visto bueno de ambas partes.

Sobre el papel, y frente a la ONU, España todavía es la potencia administradora del territorio en disputa. Hasta ahora España siempre había mantenido una postura neutral en el conflicto, apoyando las iniciativas de Naciones Unidas.

El ICIP considera que la decisión española no sólo es una injusticia hacia el pueblo saharaui sino que puede reducir el margen de maniobra que necesita el enviado especial de Naciones Unidas. Asimismo, el ICIP recuerda que en el contexto actual de creciente tensión militar es necesario reforzar el sistema internacional, no desacreditarlo.