Denuncia de posibles crímenes de guerra en Yemen por la exportacion de armamento

Mwatana for Human Rights, el European Center for Constitutional and Human Rights, Amnistía Internacional España y el Centre Delàs d’Estudis per la Pau realizaron el pasado 11 y 12 de mayo una campaña de incidencia con grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para exponer la posible complicidad de exportaciones de armas españolas en la violación de Derechos Humanos en Yemen, coincidiendo con el lanzamiento de la investigación «Exportación de armas españolas y presuntos crímenes de guerra en Yemen. Cómo las exportaciones de armas españolas pueden haber facilitado o contribuido a la comisión de presuntos crímenes intrenacionales en Yemen entre 2015 y 2021».

Los investigadores Jordi Calvo Rufanges (Centre Delàs), Christian Schliemann-Radbruch (ECCHR), Alberto Estévez (AI) y Abdulrasheed Al-Faqih (Mwatana for Human Rights) junto con María del Pozo (AI), se han reunido con el Ministerio de Exteriores y algunos grupos parlamentarios (Partido Popular, Esquerra Republicana y Bildu) para presentar los hallazgos de la investigación recientemente publicada. El objetivo ha sido presentar la investigación donde aparecen evidencias de que las exportaciones de armas españolas han podido contribuir a cometer crímenes de guerra desde 2015, así como exponer la posible responsabilidad penal de empresas y funcionarios españoles en la comisión de estos crímenes y violaciones de Derechos Humanos en Yemen. Las reuniones se vieron reforzadas por la presencia de Abdulrasheed Al-Faqih, director ejecutivo de Mwatana for Human Rights, organización que ha documentado la consecuencia de la campaña de bombardeos liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos en la guerra en Yemen que ha tenido graves consecuencias sobre la población civil.

La exportación de material militar europeo a la coalición de Arabia Saudí, combinada con los actos que se están llevando a cabo contra los derechos de la población civil en Yemen, deben hacer reflexionar sobre la responsabilidad de gobiernos y empresas europeos y, en este caso españoles, sobre las atroces consecuencias que el comercio de armas trae consigo.

El proceso de la denuncia ante la Corte Penal Internacional, que se presentó en 2019, sigue su curso, pero mientras tanto las organizaciones seguirán buscando incidir en las políticas de exportaciones de armas en gobiernos, empresas y administraciones.