AIPAZ pide al Gobierno la reorientación de los gastos militares para inversiones sociales

La dos grandes crisis del último decenio en España, la financiera iniciada en 2008 y la posterior producida por la pandemia de la Covid-19, a la que se debe añadir la grave amenaza que supone para la supervivencia de la especie humana la crisis ecológica mundial y su parte más visible, el cambio climático, están provocando una grave crisis social que afecta a todos los ámbitos de la vida de las personas del Estado español. En este marco de crisis generalizada aparece la Propuesta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2022 presentados por el Gobierno, donde aparecen una parte de las inversiones provenientes de la UE que pueden ayudar a paliar la actual crisis. Pero, pese a ello, constatamos que los nuevos PGE aparece la propuesta de invertir 3.654 millones para adquirir programas de armamentos, y, además, aparte, destinar 936 M€ como I+D para desarrollar cuatro nuevos armamentos. Inversiones destinadas a adquirir a la firma Airbus, la fabricación del nuevo avión de combate europeo FCAS; aviones MRTT de suministro en vuelo; y los nuevos helicópteros H135; más un buque BAM-IS. Unas inversiones en armamentos que hacen que el presupuesto militar de Defensa para 2022 ascienda a 11.709 M€, al que sí se le añaden todas aquellas otras partidas de carácter militar repartidas por otros Ministerios (clases pasivas, mutuas, I+D militar, OTAN, parte proporcional de los intereses de la deuda), entonces asciende a la colosal cifra de 22.795 millones.

Ante la enormidad de estas cifras y la imperiosa necesidad de dar cobertura a las inseguridades en salud, vivienda, educación, empleo y coberturas sociales que sufre gran parte de la población, la Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ) considera que este irracional gasto en armamentos, al igual que la enorme cifra del gasto militar en España, en momentos de profunda crisis económica, social y ecológica que azota a nuestro mundo y a nuestro país. Precisamente ahora, cuando la pandemia de Covid19 ha puesto en evidencia las carencias de nuestra sanidad pública, víctima, junto a otros muchos servicios públicos que sostienen nuestro Estado de bienestar, de los recortes a que fueron sometidos tras la crisis de 2008, la de la pandemia a la que añadir la crisis climática que ya está haciendo sufrir sus efectos en España, nos sume en una crisis de enorme magnitud que hace necesario movilizar cuantiosos recursos públicos para abordar los cambios profundos que nuestro país necesita para que la población pueda cubrir sus necesidades básicas, superar la pérdida de empleo y reactivar la economía productiva garantizando derechos laborales.

La crisis económica y social también ha amplificado las desigualdades de género e incrementado los niveles de violencia machista en el Estado español, señalando las carencias estructurales, políticas e institucionales para hacer frente a estas violencias. Al mismo tiempo, la Covid-19 ha evidenciado la crisis de cuidados y los límites de las aproximaciones a la seguridad desde visiones hegemónicas, militaristas y patriarcales.

La seguridad que más necesita la ciudadanía es la que proporcionan las políticas públicas en sanidad, educación, protección del empleo, acceso al estatus de ciudadanía plena, prevención de violencia de género, justicia con perspectiva feminista, acceso a la vivienda y demás servicios sociales, además de la urgente necesidad de la transición energética hacia las energías limpias, proteger la naturaleza y la vida del planeta. Estas crisis que nos abordan ofrecen, por tanto, una oportunidad para poner en el centro las políticas de seguridad desde la perspectiva de las necesidades de la población, partiendo del reconocimiento de la vulnerabilidad humana, de la interdependencia entre los seres humanos y con el planeta, y de la puesta en valor de los cuidados a las personas.

Es por todo ello que,

Desde AIPAZ solicitamos al Gobierno español que tome acciones decididas y adecuadas a la situación de crisis nacional y global que estamos viviendo y, en consecuencia, apruebe una reorientación de los gastos militares de los próximos Presupuestos Generales del Estado y se destinen a inversiones sociales, y demandamos la paralización inmediata de los grandes proyectos armamentísticos en curso y que sus importes se destinen, de forma prioritaria, a potenciar políticas públicas dirigidas a las personas y grupos en mayor situación de vulnerabilidad como a paliar la crisis ecológica que ya está afectando gravemente al conjunto de territorios del Estado español. Con el fin de reorientar los referidos gastos militares y reforzar los sistemas públicos para la garantía de derechos sociales demandamos que dichas cantidades en los PGE previstas directa y/o indirectamente a gastos militares SE DESTINEN a inversión pública de contenido eco-social dirigida a:

1.- Paliar las deficiencias de los sistemas de salud a nivel nacional, autonómico y local, con destino tanto a prevención y tratamiento, aumento de material y personal médico y asistencial e investigación médica, en sinergia con los programas europeos e internacionales orientados a dar soluciones a la pandemia de la Covid-19.

2.- Mejorar la educación a todos los niveles, contribuyendo a reducir las altas tasas de fracaso y abandono escolar y a erradicar la segregación, así como a neutralizar la brecha digital del alumnado en situación de vulnerabilidad. Asimismo, se debe propiciar la integración de contenidos de educación para la igualdad, incluyendo la igualdad de género, la Ciudadanía Global y la Cultura de la Paz, la mediación y la resolución pacífica de conflictos, tal como se establece en la “Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz”, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999.

3.- Lograr la descentralización de los servicios sociales más próximos a la ciudadanía, tanto autonómicos, provinciales como locales, para realizar acciones centradas en el bienser y bienestar social, garantizando la implementación de la Ley de Dependencia y la creación de un sistema público integral de cuidados.

4.- Reconocer los impactos específicos de la pandemia desde una perspectiva de género y garantizar la puesta en marcha de políticas que garanticen los derechos de las mujeres frente a las violencias múltiples y multidimensionales que afrontan, exacerbadas en el contexto de Covid-19. Dotar de recursos suficientes las políticas para la erradicación de la violencia machista (justicia, acompañamiento integral, educación, entre otras).

5.- Impulsar y garantizar los derechos de ciudadanía a toda la población del Estado español, aprobando, para ello, la regularización urgente, permanente y sin condiciones de todas las personas migrantes que residen en el Estado español y otras medidas para una política migratoria, recogidas en la Proposición no de Ley presentada a la mesa del Congreso en 2020 y promovida por entidades y organizaciones sociales. Dotar de recursos adecuados una política migratoria y de asilo basada en los derechos humanos.

6.- Apoyar a las personas trabajadoras, los autónomos, la producción alimentaria, el comercio de proximidad y a todos aquellos sectores productivos que se están viendo más afectados por la pandemia de la Covid-19, incluyendo, para ello, recursos para sistemas efectivos de inspecciones laborales y la ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos.

7.- Potenciar los recursos humanos y económicos para la reconversión industrial de la industria armamentística nacional en sectores productivos civiles de interés nacional y europeo.

8.- Incrementar los recursos humanos y económicos en investigación y puesta en marcha efectiva de proyectos nacionales e internacionales para llevar a cabo la transición ecológica y lograr la transformación estructural en energías renovables y en favor de la recuperación de los ecosistemas, la fauna, la flora y las comunidades humanas sostenibles, desde una perspectiva comprometida con la justicia climática.