Contra la militarización de fronteras

Vías legales y seguras y acogida digna para todas

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Acogida refugiados Ucrania

Justícia i Pau se une al manifiesto unitario para reclamar que se reconozcan a todas las personas refugiadas por igual y que, de esta manera, se garantice el ejercicio del derecho a migrar y al asilo de todas las personas que se ven obligadas a desplazarse.

Cuando se quiere, se puede

Las entidades abajo firmantes celebramos la rapidez y agilidad con la que se ha dado respuesta a la emergencia humanitaria de Ucrania. La puesta en marcha de una directiva de protección temporal de forma urgente y el establecimiento de vías legales y seguras para buscar refugio demuestra cómo la Unión Europea es capaz de dar otra respuesta a las personas en movimiento. Ahora sabemos seguro que no es necesario que las personas se jueguen la vida en el mar o saltando una valla para buscar refugio, que existen mecanismos para poner la vida en el centro y evitar la violencia hacia las personas que deben irse de su casa, por el motivo que sea.

Celebramos la decisión de utilizar una vía legal y segura para los millones de personas que huyen de Ucrania. Al mismo tiempo, esto evidencia la discrecionalidad de la “solidaridad” de los estados europeos. Se ven las costuras del racismo institucional en el contraste entre las medidas establecidas hoy y la absoluta carencia de respuestas que durante años se ha dado a las personas que llegan de países del sur global buscando refugio.

La directiva europea aprobada en 2001 y nunca hasta ahora utilizada, permite garantizar en 24 horas la protección de forma colectiva y por un período de hasta 3 años. Mientras tanto, las personas que llegan buscando refugio de países del sur global esperan meses para acceder a las citas, hacer entrevistas individualizadas y disfrutar de un permiso de residencia y trabajo que a menudo llega como mucho a los 9 meses o un año, para después ver negada su solicitud en un 95% de los casos.

Queda claro, pues, que ni el volumen de personas que llegan ni el reconocimiento de la protección era realmente el problema, sino que el problema es el racismo institucional y los intereses geopolíticos que rigen las decisiones de la Comisión Europea y de los Estados miembros.

Según la Convención de Ginebra y sus protocolos, refugiada es aquella persona que sale de su país “debido a fundados temores a ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social o por sus opiniones políticas” o no puede o no quiere volver por estos mismos temores, así como víctimas de conflictos.

La aprobación de esta directiva y las decisiones políticas tomadas para dar respuesta a los desplazamientos causados ​​por la guerra de Ucrania, parecen olvidar al resto de causas y otorgar diferentes valores a los conflictos según los intereses de los países del norte global, entre ellos España, estableciendo así refugiados de primera y segunda.

Por ello, exigimos que se garantice el ejercicio del derecho a migrar y al asilo de todas las personas que se ven forzadas a desplazarse y el acceso a permisos de residencia y trabajo en las mismas condiciones que cualquier persona desplazada desde Ucrania.

También en la acogida destacan diferencias. Desde los Ayuntamientos, la Generalitat y el Ministerio de Inclusión se ha anunciado la puesta en marcha de más de 2.400 plazas de acogida. En albergues públicos, nuevos centros de acogida o recursos habitualmente abiertos para emergencias climáticas, entre otros. Nos preguntamos, ¿dónde estaban estas plazas hasta ahora? Contamos con miles de personas durmiendo en la calle, muchas de ellas solicitantes de asilo esperando entrar en programas de acogida durante meses. Y si estas estarán disponibles de ahora en adelante para las personas que llegan por otras vías buscando refugio y una vida digna.

Así, exigimos a la UE, al Gobierno Español y al Gobierno de Cataluña, responsables en diferentes grados de la protección y la acogida de personas desplazadas, el cumplimiento de la Directiva europea que establece que las personas solicitantes de asilo puedan disponer de condiciones materiales de acogida dignas que proporcionen un nivel de vida adecuado, que garantice la subsistencia y la protección de la salud física y psíquica. Exigimos una acogida digna para todas y pedimos que estas plazas habilitadas ahora por las administraciones, sean permanentes y puedan garantizar un techo a las personas en situación de vulnerabilidad.

Por último, también celebramos el establecimiento de un circuito de urgencia para la acogida familiar de menores de edad ucranianos que llegan solos a Cataluña y no tienen tutores legales. Pero nos sorprende que no se activara cuando en mayo del 2021, más de 1.500 niños y jóvenes llegaron a Ceuta y Melilla. Ni que tampoco se planteen acogidas familiares para los 1.600 menores migrados/as solos/as tutelados/as por DGAIA o los 2.000 que esperan en centros de Canarias. Es más, las familias que han intentado acoger menores de orígenes varios anteriormente, se han enfrentado a meses de trámites y esperas, sin tener en cuenta el interés de los menores ni las condiciones de acogida.

Exigimos, por lo tanto, que el circuito se aplique en igualdad de condiciones para el resto de infancia que migra sola, sea cual sea la vía de entrada y su situación. Si la mejor solución para un menor o una menor es ser acogida/a por una familia, lo es sea cual sea su origen o nacionalidad, idioma o problema del cual huya.

Las medidas implementadas en esta ocasión demuestran que cuando se quiere, se puede. Solo falta que se quiera para todo el mundo.


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