Comunicado: La Comunidad Internacional debe apoyar y proteger la Sociedad Civil Palestina
Como grupo de 242 organizaciones regionales e internacionales, expresamos nuestra plena solidaridad con la sociedad civil palestina y los defensores de los derechos ya que Israel continua intensificando sus ataques para acabar con el trabajo fundamental de defensa de derechos humanos y silenciar la oposición a su sistema de ocupación del territorio palestino y de apartheid del pueblo palestino en su conjunto. Instamos a la comunidad internacional a que adopte todas las medidas necesarias para apoyar y proteger a la sociedad civil palestina y a los defensores y defensoras de los derechos humanos a fin de que puedan seguir realizando su inestimable labor.
El 22 de octubre de 2021, el Ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, designó a seis importantes organizaciones de la sociedad civil palestina como organizaciones terroristas, incluidas Addameer Prisoner Support and Human Rights Association, Al-Haq Law in the Service of Man (Al-Haq), Bisan Center for Research and Development, Defense for Children International-Palestine (DCI-P), the Union of Agricultural Work Committees (UAWC), y the Union of Palestinian Women’s Committees (UPWC).
El Gobierno israelí ha seguido intensificando sus ataques contra las organizaciones palestinas independientes de derechos humanos y su personal, que regularmente se enfrentan a campañas difamatorias, acusaciones espurias de vínculos con el terrorismo, así como a amenazas e intimidación, prohibición de viajar y restricciones de movimiento, y arrestos con motivo de su trabajo. Organizaciones independientes israelíes e internacionales también han sido objeto de ataques por parte de Israel por su labor de documentación e incidencia contra las violaciones de los derechos humanos cometidas por Israel. Las acciones de Israel siguen claramente el patrón establecido por los estados autoritarios en la región de Oriente Medio y el Norte de África (MENA) y en todo el mundo.
Esta designación sin precedentes no es más que la última escalada de la campaña institucionalizada, generalizada y sistemática de Israel que tiene por objetivo silenciar y desacreditar a cualquier persona u organización palestina que se atreva a exigir responsabilidades por las graves violaciones de los derechos humanos, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos por Israel. La «persecución de organizaciones y personas, privándolas de los derechos y libertades fundamentales, por oponerse al apartheid» es uno de los métodos utilizados por Israel para mantener su dominación y opresión sobre la población palestina.
El 18 de octubre de 2021, el Ministro del Interior israelí anunció que el Ministerio estaba revocando oficialmente el estatus de residencia en Jerusalén del abogado y defensor de derechos humanos palestino-francés y abogado Salah Hammouri basándose en la «violación de la lealtad» al Estado de Israel, abriendo el camino para un uso más generalizado de la revocación de residencia sobre esta base y poniendo a miles de palestinos en Jerusalén bajo riesgo de medidas arbitrarias y punitivas enfocadas a su traslado forzoso.
Expertos de la ONU han condenado la designación como «un ataque frontal al movimiento palestino de derechos humanos y a los derechos humanos en todo el mundo» y han pedido a la comunidad internacional que «defienda a los defensores.» El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha pedido a Israel que revoque las designaciones, afirmando que «reclamar derechos ante la ONU u otro organismo internacional no es un acto de terrorismo, defender los derechos de las mujeres en el territorio palestino ocupado no es terrorismo, y proporcionar asistencia jurídica a los palestinos detenidos no es terrorismo». La designación también ha sido condenada por otros actores internacionales, incluidos miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, europarlamentarios y la sociedad civil internacional.
La designación representa un desafío para la comunidad internacional, especialmente para los Estados democráticos que se posicionan públicamente y apoyan a organizaciones y defensores de derechos humanos en otras partes del mundo. Permanecer en silencio es insuficiente dada la necesidad urgente de apoyo y protección de las seis organizaciones, las cuales se encuentran ahora mismo bajo riesgo adicional de redadas, confiscación de bienes y materiales, cierre de cuentas bancarias, detención de su personal y cierre de sus oficinas. Los ataques de Israel contra estas organizaciones representan una amenaza existencial para las organizaciones palestinas independientes de derechos humanos y para la sociedad civil trabajando en el monitoreo y documentación de violaciones de los derechos humanos y en la prestación de servicios básicos a la población palestina.
Llamamos a la comunidad internacional a condenar y rechazar públicamente la designación por parte Israel de las organizaciones palestinas de derechos humanos y de la sociedad civil como «organizaciones terroristas» como un hecho internacionalmente ilícito y arbitrario, a exigir a Israel que rescinda inmediatamente esa designación, revoque su Ley Anti-Terrorista (2016), ya que esta no cumple con las normas básicas de derechos humanos y ponga fin a todas el resto de acciones que niegan a los palestinos sus derechos humanos inalienables. También instamos a los miembros de la comunidad internacional a mostrar públicamente su apoyo a las seis organizaciones y a la sociedad civil palestina en general.
La comunidad internacional, además, y especialmente la Unión Europea y sus Estados miembros como defensores y donantes clave de la sociedad civil palestina, debería asegurar que los bancos e instituciones financieras bajo su jurisdicción sean notificados de que la designación de organizaciones palestinas por parte de Israel es infundada e inaplicable.