Comunicado: Denunciamos la Campaña de Criminalización de Israel contra las ONGs Palestinas
Desde inicios de este año 2021 asistimos a un nuevo episodio de intensificación de las acciones de acoso, desprestigio y criminalización de organizaciones no gubernamentales (ONG) de la sociedad civil palestina por parte del Estado de Israel.
La madrugada del 7 de julio el Ejército de Israel ha detenido a Shatha Odeh, Directora de Health Work Committees (HWC), y ha allanado la oficina central de la Union of Agricultural Work Committees (UAWC) en la localidad de Al Bireh, ordenando el cierre de su oficina por 6 meses.
Ambas organizaciones han estado previamente señaladas y atacadas por el estado de Israel. HWC tiene actualmente cuatro trabajadoras detenidas en prisiones israelíes a espera de juicio, entre ellas su directora Shatha Odeh y la cooperante española Juana Ruiz Sánchez, detenida el 13 de abril. La oficina central de la HWC en Al Bireh ha sido asaltada varias veces por el ejército israelí, y desde el 9 de junio permanece cerrada por orden militar. UAWC, por su parte, cuenta también con un trabajador detenido.
La detención de Shatha Odeh, que además de ser la directora de HWC es la actual presidenta de la Palestinian NGO Network (PNGO), demuestra la intención del estado de Israel de acabar con el sector de la cooperación para el desarrollo y la acción humanitaria en Palestina. PNGO es la mayor red de ONG palestinas y engloba a un total de 142 organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos del pueblo palestino en un contexto de ocupación que niega sistemáticamente sus derechos fundamentales, tal y como denuncian organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, entre muchas otras.
La represión del estado de Israel forma parte de una estrategia global y sostenida dirigida también a las organizaciones internacionales de cooperación para el desarrollo y de acción humanitaria que trabajamos en Palestina. Busca criminalizar al movimiento internacional de solidaridad con Palestina y al trabajo continuado en defensa de los derechos humanos de la población palestina en el Territorio Ocupado, protegida por el derecho internacional.
Las detenciones y allanamientos de las oficinas de organizaciones de la sociedad civil palestina son un grave ataque a la Cuarta Convención de Ginebra y se califican de crimen de guerra bajo el Estatuto de Roma. Se dan, además, en un contexto de violación contínua y sistemática del Derecho Internacional Humanitario por parte del estado de Israel ante la complicidad de la comunidad internacional.
Las organizaciones internacionales que trabajamos en la defensa de los derechos humanos de la población palestina de la mano de nuestras socias palestinas estamos siendo también desprestigiadas y criminalizadas por parte del estado de Israel por nuestra labor de denuncia de las violaciones de los derechos de la población palestina. Detrás de estas campañas de deslegitimación se encuentran organismos oficiales como el Ministerio de Asuntos Estratégicos de Israel.
El objetivo principal de esta estrategia es desalentar a los donantes, desestabilizar a las organizaciones de la sociedad civil palestinas y, finalmente, evitar que implementen su mandato humanitario y de defensa de los derechos humanos. Como se ha expuesto recientemente en un informe elaborado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), “la estrategia puesta en marcha por el gobierno israelí es triple: uno, deslegitimar las voces críticas de la sociedad civil; dos, presionar a cualquiera que ofrezca una plataforma para su discurso; tres, presionar activamente para recortar sus fuentes de financiación”. La gravedad del fenómeno de la “reducción del espacio para la sociedad civil” con el objetivo de socavar el trabajo en defensa de los derechos de la población palestina, ha sido reconocida y condenada también por Naciones Unidas, especialmente a través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Las ONGDS del Estado Español que trabajamos en Palestina expresamos a través de este comunicado nuestra repulsa y condena a la criminalización, por parte del estado de Israel, del sector de la cooperación y la acción humanitaria y a la persecución del trabajo por la mejora de la vida de la población palestina ocupada y por la defensa de sus derechos. Rechazamos, una vez más, la campaña de desprestigio, criminalización y judicialización a la cooperación internacional y a la acción humanitaria en el Territorio Ocupado Palestino por parte de la potencia ocupante, quien ante la pasividad y/o permisividad de la comunidad internacional sigue incumpliendo su obligación de garantizar los derechos de la población ocupada.
Consideramos urgente y fundamental que las diferentes plataformas de coordinación de ONGD del Estado Español e instituciones defiendan por todos los medios y a todos los niveles el trabajo de las entidades palestinas y del Estado Español que trabajamos en defensa de los derechos humanos de la población palestina frente a la grave y sistemática represión ejercida por parte del estado de Israel. A todas ellas, desde el Grupo de Coordinación de ONGDs del Estado Español en Palestina pedimos las siguientes acciones: