¿Acabarán el Gobierno y los grupos parlamentarios con los secretos que matan?

Con motivo de la comparecencia del 24 de junio de la secretaria de Estado de Comercio ante la Comisión de Defensa del Congreso para informar sobre las exportaciones de material de defensa y doble uso correspondientes a 2020, las organizaciones de la campaña Armas Bajo Control (Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón), piden al gobierno que apueste por la transparencia y ponga fin a los secretos oficiales que envuelven las exportaciones de armas, que suspenda las exportaciones que incumplen la ley y que invierta en la reconversión del sector.

Herramientas de control y transparencia, imprescindibles

Las organizaciones de Armas Bajo Control piden que no haya más dilaciones y que se adopte de una vez una nueva Ley de Secretos Oficiales, ya sea sobre la Proposición de Ley del PNV o acelerando la elaboración del Anteproyecto de Ley de Secretos Oficiales sobre el que, según ha anunciado el gobierno, estaría trabajando una Comisión Interministerial. Esta Legislatura debe poner fin a un secretismo que se remonta a 1968 adoptándose una nueva Ley que garantice que toda restricción del derecho de acceso a la información cumpla los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, de acuerdo con las normas Internacionales y estableciendo un procedimiento para clasificar y desclasificar información.

Por otro lado, en abril de 2020, el Consejo de Ministros adoptó el esperado protocolo de verificación ex post después de casi tres años de estudio y tramitación y tras diez años de reclamaciones por parte de Armas Bajo Control. Sin embargo, en una reunión mantenida en diciembre de 2020 con representantes de la campaña, la secretaria de Estado de Comercio afirmó que, hasta aquel momento no se había aplicado a ninguna operación. Por ello, las organizaciones esperan que en la comparecencia de mañana jueves ante la Comisión de defensa proporcione información detallada sobre su aplicación en 2021.

Esta regulación tiene por objetivo comprobar in situ que el país receptor de las armas y el material de defensa exportado por España cumple con los acuerdos de uso final, y es imprescindible para garantizar que ese material no se desvía a terceros países o que no se utiliza para cometer vulneraciones de los derechos humanos.

Persisten las exportaciones a destinos preocupantes

A pesar de las alertas que desde hace años venimos publicando las ONG, en 2020 el Gobierno se mantuvo en sus trece y no suspendió las exportaciones de armas a países como Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos —susceptibles de utilizarse en Yemen—, así como las transferencias a Israel, y otros países con preocupantes historiales de violación de derechos humanos.

Arabia Saudí: en 2020 el gobierno autorizó 26 licencias de material de defensa por valor de 215,3 millones de euros y se realizaron exportaciones por valor de 48,2 millones de euros. Según el SIPRI (Instituto Internacional de Investigación de la Paz de Estocolmo) entre 2015-20 España fue el quinto exportador mundial a los saudíes, detrás de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Canadá.

Emiratos Árabes Unidos: se concedieron un total de 34 autorizaciones de material de defensa por un importe de 60,2 millones de euros y las exportaciones realizadas fueron por valor de 27,6 millones de euros.

Ambos países encabezan la coalición saudí que comete ataques indiscriminados contra población civil en Yemen y somete al país a un bloqueo naval. El informe de las ONG, al igual que las Naciones Unidas, recomienda la suspensión inmediata de las transferencias de todas las armas, el material y la asistencia militar a todas las partes del conflicto para su uso en Yemen.

Israel: se concedieron 69 autorizaciones de exportaciones de material de defensa por valor de cerca de 18 millones de euros y se realizaron exportaciones por valor de 477.288 euros pese al riesgo sustancial de uso para crímenes de derecho internacional contra la población palestina.

Otros destinos preocupantes en derechos humanos de las armas españolas que denuncia el informe son Colombia, Egipto, Irak, y Turquía, entre otros.

Como aspectos positivos en 2020, destacan las denegaciones a exportaciones de material de defensa a Myanmar y de material antidisturbios a Tailandia.

Las ONG de la campaña también trasladan al Gobierno y a los grupos parlamentarios su preocupación por la exportación de material antidisturbios a Argelia, Francia, Perú, Togo y Túnez. En estos países se han producido diferentes situaciones de abuso de la fuerza policial y debería analizarse detenidamente la situación de cada país antes de autorizar la exportación de este tipo de material.

El falso dilema empleo versus derechos humanos

El Gobierno español ha reafirmado en diversas ocasiones su compromiso con los puestos de trabajo del sector de la fabricación de armas, y, a la vez, con la defensa de los derechos humanos. Pero los sucesivos gobiernos y algunos partidos políticos presentan con demasiada frecuencia ambas cuestiones como si fueran opuestas, originando un debate falso. El derecho internacional humanitario es muy claro: prima sobre cualquier otra consideración la obligación de “respetar y hacer respetar”, en el marco de conflictos armados, el derecho internacional humanitario, de conformidad con el artículo 1 de los Convenios de Ginebra.

En aquellos casos en que la suspensión de las transferencias de armas españolas pueda tener un efecto económico significativo y con el fin de mitigar su impacto sobre el empleo de las personas que trabajan en la industria de armas, pedimos al Gobierno que colabore con personas expertas de la Administración y los sindicatos del sector para que se beneficien de las medidas de ejecución de los Planes de recuperación del Gobierno y los canalice hacia la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial.