Para hacer frente a todas las violencias machistas, es necesario hablar de la desigualdad económica (violencia estructural), de la discriminación en la historia y las leyes (violencia cultural) y las agresiones sexuales y de género que sufren las mujeres por el hecho de serlo. Es necesario cuestionar el militarismo y la presencia de armas en nuestra sociedad. Como señala el informe de WILPF International Action Coalition 1: Gender-Based Violence, que puedes leer aquí en inglés y que extractamos aquí abajo, “miembros de las fuerzas de seguridad, incluidos militares, grupos armados, policía, fuerzas de mantenimiento de la paz y funcionarios de prisiones, son frecuentemente perpetradores de violencia sexual y violencia machista. Es más, las mujeres y las niñas se ven perjudicadas por la acumulación, posesión y uso de las armas”.

“La violencia sexual y de género, que afecta a casi una de cada tres mujeres en el mundo, tiene sus raíces en las normas patriarcales, las jerarquías y las relaciones de poder. La creencia en el dominio y la superioridad de los hombres sobre las mujeres permite la creación y el mantenimiento de sistemas sociales, políticos y estructurales, incluidas las leyes, que perpetúan la opresión, la devaluación y la marginación de las mujeres y poblaciones que no se ajustan a los estereotipos de género. La violencia sexual y por motivos de género es una manifestación directa de la desigualdad de género, que existe debido a las normas patriarcales, reforzadas por la violencia estructural, que violan los derechos económicos, sociales, civiles y políticos de las mujeres.

Las masculinidades militarizadas y violentas contribuyen a la violencia sexual y de género al glorificar la violencia como parte de los roles sociales de los hombres. El patriarcado, las desigualdades de género, las masculinidades militarizadas y las estructuras de poder discriminatorias impiden la paz inclusiva y violan los derechos humanos fundamentales de las mujeres, incluido su derecho a la seguridad, a la dignidad y a una vida libre de violencia.

Para abordar las causas profundas de la violencia sexual y de género, es fundamental comprender y abordar las formas en que los derechos humanos de las mujeres, las niñas y las personas de diversas orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género y características sexuales se diluyen y se criminalizan en todo el mundo. Una acción integral para abordar la violencia sexual y por motivos de género debe priorizar las inversiones a largo plazo en la prevención, así como satisfacer las necesidades de todas las supervivientes según sus propias prioridades”. En el informe se recuerda que “en 2019, menos de un 1% de la ayuda humanitaria global se destinó a la prevención de la violencia sexual o machista”.

En el informe se proponen las siguientes medidas urgentes:

• Abordar las causas profundas de la violencia de género y prevenirla mediante el establecimiento de marcos jurídicos y políticos integrales y sensibles al género. El derecho internacional prohíbe la violencia de género, incluida la violencia doméstica. Las políticas y los programas deben tratar de abordar normas culturales, leyes y políticas perjudiciales, centrándose al mismo tiempo en las medidas de prevención, los servicios directos y el acceso a la justicia para las supervivientes, centrándose en sus necesidades y prioridades. Los Gobiernos también deben desarrollar indicadores de alerta temprana que se utilicen para hacer un seguimiento de los índices de violencia de género, con el objetivo de garantizar la prevención, así como la participación plena, equitativa y significativa de las mujeres en todos estos esfuerzos.

• Promover la igualdad de género y el empoderamiento social, político y económico de las mujeres mediante la aplicación de
  obligaciones universales relacionadas con el tratamiento y la prevención de la violencia de género. Los Estados miembros deben incorporar los análisis de impacto de género como método de revisión anual obligatorio, con una financiación suficiente de la aplicación y un marco sólido de seguimiento y evaluación para evaluar el impacto y la responsabilidad. y la rendición de cuentas.

• Adoptar un enfoque integrado para abordar la violencia de género y aprovechar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para la paz feminista, trabajando para lograr cambios estructurales en lugar de temporales. Los Gobiernos deben invertir en economías del cuidado y en la protección y promoción de los derechos sociales, económicos y culturales e institucionalizar el liderazgo para la paz; y reforzar los presupuestos con perspectiva de género.

• Desarrollar un enfoque integral, no discriminatorio y centrado en la superviviente, según la Resolución 2467 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a la hora de abordar la violencia de género, incluso en situaciones de conflicto, que se centre en las necesidades locales y experiencias de las mujeres, las personas LGTBIQ+ y otras supervivientes de la violencia de género. Los gobiernos deben trabajar para garantizar el acceso a las reparaciones y la integración socioeconómica de de las supervivientes de la violencia de género; la reforma y la mejora de la atención sanitaria, incluidos el apoyo psicológico y de salud sexual y reproductiva; garantizar el acceso a la vivienda y a otros mecanismos de estabilidad financiera; y reformar las capacidades legales y judiciales para el enjuiciamiento de la violencia de género. Además, las necesidades específicas de las mujeres excombatientes deben tenerse en cuenta en el desarme, desmovilización y reintegración.

• Abordar el papel de la militarización, incluida la proliferación y posesión de armas, en el fomento de la violencia sexual y de género y de los conflictos. Los Gobiernos deben detener el comercio de armas y municiones y aplicar plenamente la disposición jurídicamente vinculante sobre género del artículo 7.4 del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA); desviar la financiación del Ejército hacia la seguridad humana; y gravar el gasto mundial en violencia (es decir, un impuesto mundial sobre las armas).

• Adoptar estrategias integrales para proteger a los defensores de los derechos humanos, con medidas específicas para las mujeres defensoras de los derechos humanos que tengan en cuenta el mayor riesgo que corren al realizar su trabajo en condiciones inestables. Los Gobiernos también deben reconocer y apoyar el trabajo fundamental de las defensoras de los derechos humanos y garantizar que las emergencias, como las medidas de la pandemia de COVID-19, no se utilicen como un pretexto para atacarlas o silenciarlas. Además, los gobiernos deben investigar sin demora cualquier asesinato, ataques o amenazas contra ellas.